Hoja de ruta de doce años diseñada para adaptar el sistema educativo del archipiélago a las realidades demográficas y sociales actuales, sustituyendo al plan anterior con una propuesta más realista y viable. Con un presupuesto aproximado de 281,6 millones de euros para ejecutar 82 actuaciones, el plan prioriza la construcción y ampliación de centros en "zonas tensionadas" con altas dificultades de escolarización —como el sur de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote—, además de proponer la eliminación progresiva de las aulas modulares para garantizar instalaciones estables y de calidad. Esta estrategia se apoya en la colaboración entre administraciones y diversas fuentes de financiación, incluyendo fondos de la Unión Europea, y permite una gestión dinámica mediante actualizaciones anuales para responder de manera flexible a los flujos migratorios y cambios poblacionales.